BARAHONA: El senador por la provincia Barahona, José Del Castillo Saviñón, denunció en el Senado de la República que el gobierno aplica una adenda número cuatro en el Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande que no conoció el Congreso Nacional, la que calificó como una grave violación de la ley y una debilidad en términos institucionales.
Del Castillo Saviñón, quien hizo la denuncia al tomar un turno en la Cámara Alta, dijo que lo que ha llegado al Congreso y que ha conocido el Senado de la República, es el contrato original del proyecto y tres adendas, pero no la adenda número 4.
“La adenda 4 señor presidente que no pasó por aquí, como así lo establece la Constitución de la República en su artículo 93, eso es grave, es una violación directa a nuestra obligación de fiscalizar y de controlar”, expuso el legislador del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por la sureña provincia de Barahona.
Recordó que la Constitución es clara cuando señala que es una obligación del Congreso aprobar los contratos que le someta el presidente de la República, de conformidad con lo que establece el artículo 128, numeral 2 y literal D, así como enmiendas o modificaciones posteriores.
Qué dice la adenda 4
El senador que representa a la provincia sureña, se enteró de la adenda 4 por una carta que le envía el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), entidad del Estado que tiene a su cargo la responsabilidad del proyecto frente a Andrade Gutiérrez, hace contar el interés del gobierno de hacer una inspección sobre los avances de la obra.
Señaló que la citada adenda incrementa el costo del proyecto de 401 millones de dólares a (establecida en la adenda número 3), a 442 millones de dólares.
El congresista (PLD-Barahona), dijo que la adenda número cuatro representa un incremento de un 10.22% con relación a la número tres que era de 401 millones de dólares, mientras que la número es de 442, lo que representa 41 millones de dólares más.
El senador Del castillo Saviñón exige al gobierno y al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, a que envíen cuanto antes al Congreso de la República el contrato de la adenda número cuatro para que lo conozca el Senado de la República como es su obligación.
Lo más graves
El legislador quien la semana pasada en el acto de rendición de cuentas de su labor legislativa correspondiente al año pasado, denunció que al ritmo que van los trabajos del “metro del Suroeste”, el anuncio del presidente Luis Abinader de que sería concluida y entregada a los habitantes de esa zona no será posible, ya que esta sería terminada en los próximos 10 ó 15 años.
Volvió a reiterar que lo más grave de todo ello, pese a la violación de la Constitución y la debilidad institucional que implica que vulnera el derecho que tiene un órgano de control de las acciones del ejecutivo, es que el proyecto está literalmente paralizado.
Denunció que nuevamente la empresa responsable del proyecto se retrasa la entrega de los diseños básicos referente a las márgenes de recha e izquierda del río Yaque del Sur.
Exigencias de la constructora
El legislador, dijo, sin embargo, que la multinacional brasileña, que construye el proyecto, dijo que para cumplir con el cronograma de terminación del proyecto establecido en el compromiso 34 finalización de la obra, no para diciembre del próximo año como lo anunció el presidente Abinader, sino para mayo de 2023, el principal contratista exige el pago de 11 millones de dólares.
Además, Andrade Gutiérrez, le exige al gobierno la regularización del plazo de pago de las cubicaciones y, “el pago integral de un anticipo establecido en la adenda número 4 que no conoce el Congreso de la República, por un monto de 17 millones de dólares”.
Además, liberación de la cantera de materiales, la de material CA con capacidad para atender el histograma, liberación de la vía de acceso, aprobación de los diseños ejecutivos dentro del plazo contractual, aprobación de los precios nuevos, disponibilidad de 78 millones de dólares colocados en el presupuesto del año 2021 y disponibilidad de otros 128 millones de dólares para el año 2022.
Además, exigen la firma de la adenda número 5, a los fines de permitir conocer la cubicación de precios nuevos, por lo que el incremento del proyecto se incrementará aún más, expone con preocupación el legislador.