Miami, Florida, 2024.- La Sociedad Interamericana de Prensa expresó hoy su alarma de que la eventual consumación de alguna de las numerosas demandas judiciales que enfrenta la Corporación La Prensa en Panamá termine por sofocar la capacidad de subsistencia de esa empresa de medios, con el resultante impacto negativo que ello tendría para la libertad de expresión en ese país.
Annette Planells, presidenta de la junta directiva de Corporación La Prensa, afirmó a la SIP que la empresa afronta en la actualidad 15 procesos civiles y 5 demandas penales por parte de exfuncionarios, excontratistas del Estado, diputados y otras figuras públicas, entre ellos el ex-jefe de Estado Ernesto Pérez Balladares y la esposa del expresidente Ricardo Martinelli, por una suma total superior a 60 millones de dólares en concepto de multas e indemnizaciones.
A fines de noviembre, un tribunal revocó en segunda instancia el fallo a favor de Corporación La Prensa (Corprensa) en la demanda civil por presuntos daños y perjuicios por U$S 5,5 millones interpuesta por el expresidente Pérez Balladares en 2012, tal como registró la SIP en abril en su informe de medio año.
El tribunal condenó a Corprensa a pagar 5 mil dólares en concepto de daño moral. El fallo de primera instancia había sido calificado como un precedente importante a favor de la libertad de prensa, debido al uso del principio de real malicia para exonerar al medio. El caso se encuentra en apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
Roberto Rock, presidente de la SIP, consideró «preocupante que un medio independiente pueda ver comprometido su futuro por una lluvia de procesos judiciales vinculados con su trabajo periodístico». Rock, director del portal digital mexicano La Silla Rota, sostuvo que «el acoso judicial propicia una cultura de la autocensura que, además de afectar la labor periodística, lesiona el derecho del público a la información y dificulta el control ciudadano al poder, vital en democracia».
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, enfatizó que Panamá debería «adecuar su legislación según los estándares internacionales, para que las figuras públicas, incluyendo funcionarios o líderes políticos, se abstengan de iniciar demandas exorbitantes y acumulativas, que busquen ahogar financieramente a los medios». Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, exhortó a los líderes del Congreso a trabajar en una reforma que «imposibilite las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP, por sus siglas en inglés, y evite que personas públicas con poder abusen del sistema judicial para silenciar a quienes expresan disenso».
El expresidente Pérez Balladares (1994 – 1999) demandó por difamación a La Prensa tras considerar que fue injuriado y desprestigiado en artículos publicados en marzo de 2011, donde el diario reflejó, como otros medios de prensa, instancias judiciales que señalaban su presunta vinculación con un caso de blanqueo de capitales, según lo documentado por la SIP.
La SIP ya había advertido sobre la laxitud de la Justicia en Panamá, cuya legislación permite que un demandante reclame el congelamiento de activos de un medio durante el transcurso de un proceso judicial, aun sin que haya sentencia y echando intencionalmente mano de pretensiones desorbitadas, que además generan altísimos costos para afrontar las costas judiciales, más allá de que la causa termine siendo desechada.
La SIP ha influido en numerosos países para que las demandas contra los medios y periodistas planteadas por figuras públicas en busca de resarcir su honor o reputación no sean dirimidas en el ámbito penal sino en el civil, y que en estos casos exista una proporcionalidad en la demanda y en la eventual reparación establecida por los jueces.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.