Santo Domingo, RD.– Los gremios del Sector turístico y hotelero manifestaron su oposición a la reciente aprobación, por parte del congreso, del proyecto de ley que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, sin la debida profundidad técnica y análisis de impacto, alertando sobre los riesgos que esta reforma representa para la sostenibilidad ambiental, la competitividad del sector y la autonomía municipal.
Las entidades expresaron su inconformidad ante la inacción del congreso frente a los efectos adversos del sargazo y su impacto sobre el turismo, al no declarar a esta macroalga como residuo y no establecer la posibilidad de valorizarlo. Las inversiones turísticas y hoteleras destinan recursos millonarios para mantener y preservar la costa frente a la llegada de toneladas de sargazo y que la normativa vigente, al no disponer al sargazo como residuo, no permite mecanismos para su disposición final.
La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), Asociación Dominicana de Empresas de Turismo Inmobiliario (ADETI), Asociación Dominicana de Restaurantes (ADERES), Asociación Dominicana de Comida Casual y Servicio Rápido (ADECOR), Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (ADAVIT), Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE), Asociación de Hoteles y Restaurantes de Santiago (ASHORESA), Asociación de Hoteles Romana Bayahíbe (AHRB), Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD), Asociación de Hoteles de Juan Dolio, Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA); Asociación Dominicana de Parques y Excursiones (ADOPETUR), Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte (ASHONORTE) y Asociación de Hoteles y Turismo El Seibo-Miches (PROMICHES) reiteran que, tras haber realizado un análisis detallado del proyecto, advierten que múltiples disposiciones aprobadas promueven prácticas a todas luces monopólicas y afectan directamente el manejo eficiente de los residuos sólidos, comprometen los compromisos ambientales asumidos por el país y el sector y fragmentan los esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado.
Entre las inquietudes más relevantes, señalan que la nueva redacción limita la posibilidad de que las empresas, incluyendo los establecimientos turísticos, gestionen de forma directa o asociada la valorización de sus residuos, afectando su capacidad para cumplir con estándares internacionales de sostenibilidad y sus compromisos ambientales.
Igualmente, la imposición de la entrega obligatoria de residuos a gestores autorizados por los gobiernos locales restringe severamente la libertad de elección y operación de empresas que han hecho inversiones significativas en infraestructura propia para la gestión responsable de sus residuos.
Por otro lado, la obligación de establecer un solo relleno sanitario por provincia y una sola planta de tratamiento por región crea el riesgo de concentrar el servicio en manos de pocos actores, promoviendo prácticas monopólicas y reduciendo la eficiencia del sistema.
Asimismo, indicaron que es preocupante la creación de una contribución especial para la gestión de residuos calculada en función de los ingresos brutos de las empresas, sin considerar la cantidad ni el tipo de residuos generados. Esta fórmula genera una carga desproporcionada e inequitativa para sectores como el turismo, especialmente para los pequeños y medianos establecimientos, cuyos márgenes son más reducidos y cuyos residuos, en muchos casos, ya son manejados bajo estándares estrictos.
Advierten que es preocupante la inseguridad jurídica en la forma en que se abordan los permisos ya otorgados a plantas de valorización en funcionamiento. El reconocimiento exclusivo a los derechos adquiridos de los rellenos sanitarios existentes, y no así a otras infraestructuras aprobadas y operativas, contradice el principio constitucional de irretroactividad de la ley, afectando la confianza de los inversionistas y exponiendo al Estado a potenciales reclamaciones.
En lo que respecta al Fideicomiso de Gestión de Residuos, observan con preocupación la composición del consejo, al incluir representantes de la industria beneficiaria, lo cual genera un claro conflicto de interés.
ASONAHORES hace un llamado a la presidencia para observar este proyecto legislativo y que sean estas observaciones analizadas en un proceso de diálogo técnico, abierto, plural y participativo, al reiterar su disposición para trabajar en conjunto con las autoridades y los demás sectores, con el objetivo de que se construya una legislación equilibrada que promueva el desarrollo sostenible, las prácticas antimonopólicas y la correcta gestión de residuos sólidos en la República Dominicana.