Las pequeñas empresas representan alrededor del 99% del universo empresarial y cerca del 60% del empleo formal en América Latina y el Caribe, pero enfrentan una brecha de productividad que ya no puede explicarse por falta de acceso a internet o a herramientas digitales. La región ha avanzado en conectividad; lo que le falta es capacidad de transformación: diagnosticar cuellos de botella, rediseñar procesos y usar datos e inteligencia artificial para decidir mejor. Sin ese salto, el riesgo es que la digitalización termine profundizando las desigualdades que debería ayudar a resolver, premiando solo a las empresas que ya cuentan con mayor capacidad de gestión. (Ir al blog Conectadas pero rezagadas: la paradoja digital de las pequeñas empresas en ALC) La pregunta que sigue es qué hacer al respecto.
Evitar ese desenlace exige un cambio de enfoque: pasar de “dar tecnología” a construir capacidad de transformación. La evidencia comparada señala tres frentes que deben avanzar simultáneamente. Primero, mecanismos de financiamiento adaptados a la naturaleza intangible de la inversión digital —como vales de innovación, garantías de cartera o financiamiento basado en ingresos—, recogiendo experiencias como “Mittelstand 4.0” en Alemania o “SMEs Go Digital” en Singapur. Segundo, formación de capacidades escalonada, desde la alfabetización digital hasta la gestión estratégica de procesos, datos e inteligencia artificial. Tercero, ecosistemas y redes de apoyo —hubs de innovación digital, clústeres sectoriales y alianzas entre empresas ancla y proveedores— que acerquen conocimiento técnico y acompañamiento a quienes hoy no pueden pagarlo.
Un estudio de la CEPAL, elaborado en el marco de la Alianza Digital Unión Europea–América Latina y el Caribe, identificó 65 instrumentos de apoyo a la digitalización productiva en seis países de la región, concentrados en financiamiento y formación, pero con escasa presencia de incentivos fiscales y persistente fragmentación institucional. El mensaje es claro: la voluntad de política existe, pero su efectividad depende de que estos instrumentos lleguen, con prioridad explícita, a las empresas que enfrentan las barreras más altas, no solo a las mejor posicionadas para aprovecharlos.
Para las micro y pequeñas empresas, el desafío principal no es simplemente adoptar tecnología, sino identificar con claridad dónde están sus ineficiencias y estructurar planes viables de transformación. Muchas operan en una lógica de subsistencia, concentradas en vender, cobrar, pagar proveedores y sostener el empleo; pensar estratégicamente en rediseñar procesos suele quedar fuera de su alcance, no por falta de herramientas sino de tiempo, capacidades y acompañamiento. Aquí la inteligencia artificial puede cumplir un papel democratizador si se concibe como un bien público integrado a los instrumentos de fomento: no como una solución genérica más, sino como una capa de inteligencia que traduce la realidad específica de cada empresa —sus datos, rutinas, restricciones y objetivos— en diagnósticos, prioridades de mejora y conexión con financiamiento, capacitación o garantías disponibles.
Ese principio puede materializarse en un asistente tecnológico virtual, puesto a disposición de las empresas por el Estado, capaz de conversar con el empresario sobre su negocio real y devolverle, en lenguaje simple, un plan de optimización a su medida —no una recomendación estándar, sino una hoja de ruta construida a partir de sus propios cuellos de botella. Ese plan, para ser efectivo, debe estar vinculado desde su diseño con las líneas de fomento, crédito o garantías ya disponibles en cada país, a menudo dispersas o desconocidas para quien más las necesita.
La mejora en productividad agregada de la economía no depende de casos puntuales: ocurre cuando el tejido productivo en su conjunto, particularmente las micro y pequeñas empresas, asume un modelo de mejora continua, iterando regularmente sobre ese ciclo de diagnóstico, evaluación y transformación, para lo que la IA puede ser una tecnología clave para impulsar ese proceso.
El compromiso de CAF con sus países accionistas
CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— asume este desafío como parte central de su agenda de desarrollo productivo. Junto con la OCDE y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), impulsa el Índice de Políticas para PyMEs, que monitorea el avance de nueve países en financiamiento, innovación y digitalización. Sobre esa base, CAF contribuye a que los instrumentos de fomento evolucionen desde la entrega de recursos hacia la provisión de capacidades: plataformas de diagnóstico, asistencia técnica, formación aplicada y herramientas de IA. A través de su Programa Pymes Verdes LAC, desarrollado junto al Fondo Verde del Clima, canaliza recursos concesionales para que instituciones financieras locales financien la descarbonización de pequeñas y medianas empresas. En su financiamiento a mipymes, además, impulsa sistemas de garantías de portafolio y una infraestructura de datos financieros (fintech, pagos digitales, open banking, factura electrónica) para ampliar el crédito al segmento empresarial que sostiene el empleo regional.
El compromiso de CAF no se limita al financiamiento empresarial: también actúa sobre la infraestructura digital que hace posible la conectividad, condición habilitante sin la cual ningún programa de digitalización productiva puede prosperar. En los últimos seis años, el banco ha apoyado con más de USD 2.785 millones proyectos de conectividad, infraestructura y transformación digital en la región, incluyendo el tendido de redes de fibra óptica en zonas rurales y periurbanas. Programas como “Santa Fe + Conectada” en Argentina —que amplía más de 3.000 kilómetros de red troncal de fibra óptica— ilustran cómo CAF combina infraestructura física con desarrollo de habilidades digitales.
Una encrucijada, no un destino
La digitalización productiva no es un proyecto tecnológico: es una decisión de política económica sobre qué tipo de crecimiento queremos construir. Bien gestionada, puede revitalizar economías locales, generar empleo de calidad y fortalecer un tejido empresarial más resiliente. Mal gestionada, corre el riesgo de acelerar la concentración económica y ahuecar la clase media empresarial que sostiene a la región. El reto que enfrentan gobiernos, banca de desarrollo y sector privado no es si conectar o entregar tecnología, sino cómo convertir las tecnologías disponibles en transformación real de procesos, productividad y oportunidades para las empresas más pequeñas.