Las medidas tomadas por algunos gobiernos latinoamericanos como Panamá, México, Perú, Colombia y República Dominicana, así como gobiernos de otras partes del mundo como Sudáfrica, Irán, Sri Lanka entre otros, para enfrentar la crisis generada por el Covid-19 en el país han llamado la atención de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) debido al impacto imprevisto que estas restricciones tienen sobre la salud pública y la sociedad en general. En un informe publicado este mes bajo el título de “Prohibición, alcohol ilícito y las lecciones aprendidas durante el confinamiento”, la entidad advierte que el aumento en la demanda de alcohol ilícito que se ha registrado en los últimos meses también amenaza la sostenibilidad de la industria nacional de bebidas alcohólicas y las recaudaciones del Estado.
El documento analiza cómo el confinamiento y las restricciones para el consumo de bebidas alcohólicas generaron numerosas muertes en diversos países del mundo por ingesta de bebidas adulteradas o de fabricación artesanal, muchas veces consideradas como remedios caseros contra el Covid-19. En el mismo se hace referencia al consumo de clerén con un alto contenido de metanol (con niveles de concentración mayor al 50%) en nuestro país, lo cual provocó la muerte de más de 200 personas y amenazó la salud de cientos de otras personas que consumieron este tipo de bebidas en 2020.
En adición a esto, el estudio describe cómo el aumento en el consumo de alcohol irregular ha permitido que el crimen organizado obtenga más fuentes de financiación, al tiempo que se reducen las recaudaciones de los gobiernos, ya que las bebidas alcohólicas de suministro legal son una importante fuente de ingresos para muchos países. Del mismo modo, el informe señala que las restricciones impuestas a la comercialización de productos legales de alcohol han afectado a la industria legítima al punto de poner en peligro su generación de empleos, su proyección de crecimiento a largo plazo y la capacidad de este sector para recuperarse una vez que se levanten las restricciones.
Sobre este tema habló recientemente el asesor senior de políticas de TRACIT, Esteban Giudici, quien explicó que “por lo general, cuando se corta el acceso a un producto legítimo se genera un nicho de mercado para todo lo clandestino y ese espacio se llenó rápidamente. Es un tema que hay que trabajar arduamente y para el cual no hay muchos estándares internacionales”. El especialista aseguró que esta problemática se ha replicado de manera global, pero destacó a países como la India y Sudáfrica, donde las restricciones de consumo de alcohol dentro del confinamiento fueron revertidas cuando se comenzaron a observar sus consecuencias.
Las lecciones aprendidas publicadas por TRACIT y las declaraciones de Giudici resuenan en un momento en que el Gobierno dominicano, a través del Gabinete de Salud, continúa restringiendo la venta de bebidas alcohólicas en todo el país a partir de las 6 de la tarde. Esta disposición no solo aplica para bares y restaurantes, que de todas maneras deben cerrar sus puertas para acogerse a los horarios de vigencia del toque de queda; sino también aplica a colmados y otros comercios que ofrecen servicio a domicilio.
El informe de TRACIT recomienda a los gobiernos a nivel internacional “evitar las leyes de prohibición como medidas de respuesta de emergencia para proteger a las personas de la propagación del virus”, pues la entidad asegura que “los beneficios no tienen garantías, mientras que las consecuencias negativas son muchas y contraproducentes para los objetivos comunes de salud, empleo y economía”.
Del mismo modo, la organización internacional señala que “es vital asegurar la disponibilidad y el acceso a productos legítimos que se ajusten a los objetivos de distanciamiento social sin inducir la demanda de sustitutos ilícitos.” Adicionalmente, advierte que “se debe evitar la imposición de aumentos de ‘impuestos de emergencia’ al alcohol, ya que este enfoque de solución rápida podría terminar siendo tan’ imprudente’ como la imposición de leyes de prohibición, lo que daría lugar a un menor consumo de bebidas legales, a una menor recaudación de impuestos y a un aumento de la demanda de alternativas ilícitas no gravadas y más baratas”.
La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito concluye que “es clave intensificar la aplicación de un régimen de consecuencias para quienes participen en la actividad de comercialización de bebidas alcohólicas ilegales con la finalidad de garantizar que este tipo de actividades de comercio ilícito causadas por la pandemia no se conviertan en factores permanentes de la economía posterior a la pandemia”.