En el primer y segundo blog de esta serie, explicamos lo que entendemos por desigualdad urbana y cómo se materializa este concepto en las ciudades de nuestra región desde una perspectiva multidimensional. Sin embargo, ¿cómo se puede medir esta desigualdad en América Latina y el Caribe (ALC)?
En el presente blog nos proponemos dar respuesta a esta pregunta desde dos de los cinco principios y dimensiones, tradicionalmente asociados a la desigualdad urbana: equidad espacial, redistribución económica,sostenibilidad ambiental, democracia participativa y la igualdad social.
1 . Equidad espacial
El lugar donde se emplaza la vivienda, y la distancia existente entre ésta y la oferta de servicios, infraestructura y espacio público es una de las formas más comunes de medir la desigualdad urbana.
Acceso a servicios e infraestructura:
Diversos autores han puesto de manifiesto el bajo acceso que tiene la población más pobre a los beneficios que ofrece la vida urbana. Entre ellos, destacamos el caso de la ciudad de Bogotá, donde la segregación, y el impacto de ésta en la calidad de vida, se ve potenciada por el bajo acceso que tienen los habitantes a servicios de equipamientos educacionales, culturales y recreativos. También se ha estudiado el vínculo entre segregación residencial y el deterioro del espacio público en Ciudad de México y Lima, demostrando que existe una correlación directa entre baja accesibilidad a espacios públicos de calidad y los sectores más vulnerables de la ciudad.
En términos de infraestructura, un estudio del BID analiza las distintas percepciones en torno a las brechas de acceso en salud, educación o energía que experimenta la población en cinco metrópolis de ALC. En materia de salud específicamente, hay evidencia en las ciudades de Concepción y Río de Janeiro que confirman que una de las grandes desigualdades es la accesibilidad y provisión a estos servicios en términos de distancia y oferta.
Movilidad:
La movilidad, entendida como indicador de accesibilidad, también es un elemento crítico, especialmente en las metrópolis. Según un estudio del BID sobre cuatro áreas metropolitanas, 28.1 millones de personas dedican entre 1 hora y 30 minutos o más al día, a viajar a su puesto de trabajo, lo que equivale a 10 semanas laborales al año por persona. En este sentido, las experiencias de Medellín o La Paz plantean modos alternativos de transporte tales como la intermodalidad y la peatonalidad cuyo objetivo es acercar la ciudad a los sectores más excluidos, revitalizando dichas áreas a partir de proyectos estratégicos y multisectoriales. Estas alternativas de movilidad también han sido adoptadas por otros países. Por ejemplo, se han emprendido esfuerzos para integrar el uso de la bicicleta en la periferia de la Zona Metropolitana del Valle de México, y para entender cómo se experimentan los largos trayectos que unen centro y periferia del Área Metropolitana de Santiago o Lima. Otros factores importantes son la asequibilidad del sistema de transporte desde un punto de vista económico y la necesidad de integrar una perspectiva de género en las políticas y proyectos de movilidad.
El Programa BID de Integración Socio-Urbana de Barrios Populares en Argentina es un avance en términos de equidad espacial, que se espera beneficie a 5.000 familias. Esta iniciativa cuenta con una nueva metodología que se centra en fortalecer del tejido social, mediante la provisión de servicios sociales de desarrollo cultural junto con la mejora física de los barrios para avanzar en una mejora integral del hábitat y como consecuencia, la mejora en la calidad de vida de las familias.
2. Redistribución económica
Desde la dimensión económica, encontramos dos escalas para analizar la desigualdad urbana: la local y la doméstica.
Desigualdad local:
Cuando nos referimos a desigualdad local hacemos referencia a los diversos montos y mecanismos de ingreso y gasto municipal por habitante. Un estudio del BID en América Central, revela que, aunque las transferencias a los municipios cumplen un rol de “igualador” de los gastos per cápita, aún quedan mejoras que realizar para avanzar hacia una mayor reducción de desigualdades. De hecho, investigaciones en Chile han mostrado la relación proporcional entre el monto de inversión por habitante y la calidad de vida de las personas. Por otro lado, también se ha demostrado cómo políticas sectoriales en salud, vivienda y educación, sumado a mecanismos de financiamiento municipal vía competencia, han provocado la acumulación de bienestar en algunos sectores de la ciudad y empobrecido a otros, como en el caso del Gran Santiago.
Desigualdad doméstica:
Por otro lado, la desigualdad de ingresos, informalidad laboral y concentración de grupos socio-ocupacionales, también forman parte de la dimensión económica de la desigualdad urbana desde una perspectiva más doméstica, y cuya expresión territorial es cada vez más documentada y relevante. En el caso colombiano, por ejemplo, se ha profundizado en las causas de la desigualdad de ingresos entre 2002 y 2015, apuntando a la informalidad laboral que se presenta especialmente en las ciudades colombianas. En el caso argentino, estudios más profundos han cruzado información sobre trayectorias laborales con estrategias residenciales, midiendo así los niveles de acceso a vivienda en la periferia del Área Metropolitana de Buenos Aires, similares a la evidencia en heterogeneidad de la estructura socio-ocupacional y segmentación del mercado del trabajo en la misma ciudad.
El Programa de Desarrollo Municipal Integrado de Rio Grande Do Sul impulsado por el BID en Brasil entre 2008 y 2013, buscó vincular ambas escalas y disminuir la desigualdad urbana. Este se focalizó en el fortalecimiento técnico municipal, el mejoramiento de la gestión interna y la prestación de servicios para la obtención de rentas desde la mejora de la infraestructura. En paralelo se realizaron capacitaciones para el ingreso al mercado laboral, priorizando Arreglos Productivos Locales (APL), fortaleciendo modelos cooperativas, asociaciones y microcréditos. Los resultados del programa han sido satisfactorios, ya que se constituyeron unidades especializadas para la gestión de proyectos comunitarios y capacitación laboral, así como también unidades de seguimiento y mantención de la infraestructura urbana.
En el próximo blog seguiremos dando respuesta a la pregunta de cómo medir la desigualdad de ALC, pero desde la sostenibilidad ambiental, la democracia participativa y la igualdad social.