SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Manuel Diez Cabral manifestó la preocupación del empresariado por la grave
situación de deterioro de la Jurisdicción Inmobiliaria y el impacto sobre la seguridad jurídica en la República Dominicana.
El CONEP coincide con las preocupaciones de FINJUS en cuanto a la urgencia que reviste la búsqueda de soluciones concretas y dirigidas a enfrentar las anomalías que presenta el sistema inmobiliario actual, así como la adopción de las medidas que fuesen necesarias para cumplir con las metas y objetivos de la reforma que no han sido alcanzados hasta la fecha.
La cúpula empresarial consideró que la situación de la jurisdicción inmobiliaria es caótica, en especial de registro de títulos, de la Dirección General de Mensuras Catastrales y de los tribunales. Señaló que el Estado dominicano ha invertido más de cuarenta millones de dólares, con financiamiento del BID en un proceso de modernización, el cual a su juicio ha sufrido un evidente retroceso.
“La Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial deben intervenir de inmediato la jurisdicción inmoviliara y hacer los cambios y reestructuraciones correspondiente que coloquen nuevamente a esa instancia en el camino correcto”, afirmó Diez Cabral.
El sector empresarial hace un llamado al Presidente de la Suprema Corte de Justicia a examinar con detenimiento todos los elementos contenidos en el informe emitido por FINJUS sobre la reforma de la jurisdicción inmobiliaria, y a adoptar en consecuencia del mismo todas las medidas que tengan por objeto la corrección de las deficiencias que presenta el sistema en la actualidad, así como a emprender las acciones que han sido relegadas desde el inicio de la reforma iniciada en el año 1997.
Las declaracciones del CONEP se produjeron a paritr del informe emitido por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el cual detalla los aspectos positivos y negativos de la reforma de la jurisdicción inmobiliaria que se lleva a cabo en el país desde el año 1997.