SANTO DOMINGO. El marco jurídico electoral dominicano, al igual que las resistencias ideológicas a lo interno del Estado, de los partidos y en menor medida de sectores de la sociedad misma, restringen la participación equitativa de las mujeres en los espacios de toma de decisión.
La afirmación es una de las principales conclusiones del análisis “Mujeres, participación y ciudadanía en República Dominicana. Logros, desafíos y apuestas” que presentó el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC), a propósito de conmemorarse este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer.
El documento describe una panorámica sobre la situación de las mujeres dominicanas en el plano social, político y económico situando los avances logrados en materia de participación y derechos de las mujeres, pero enfatizando los déficits que persisten y que se evidencian como pendientes de atención prioritaria.
El CEG-INTEC presenta la situación de la mujer dominicana de acuerdo a las tres áreas de autonomía propuestas por la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL): autonomía en la toma de decisiones, autonomía económica y autonomía física.
Autonomía en la toma de decisiones
Algunos de los obstáculos de mayor relevancia para elevar el nivel de participación política de las mujeres dominicanas con relación al marco jurídico electoral nacional y al ámbito socio-económico y cultural son:
- La ley no reglamenta el orden de colocación de las mujeres en las listas de candidaturas, permitiendo a los partidos colocarlas en las últimas posiciones, difícilmente ganables. Esta práctica, aunada a la disposición de intercalar una mujer cada dos hombres es desfavorable para las mujeres en tanto las circunscripciones electorales nacionales son mayoritariamente bi-nominales, y no dan cabida a un tercer cargo.
- La disposición que establece la alternancia por sexo en los altos cargos de las alcaldías no obliga a los partidos a garantizar el 33% para las mujeres en el caso específico de las sindicaturas, propiciando que los partidos releguen a las mujeres a las vice-sindicaturas.
- Existen barreras en el ámbito familiar-personal en términos de falta de apoyo familiar u oposición de las parejas de las mujeres candidatas.
- Disponibilidad de pocos recursos económicos por parte de las mujeres candidatas y dificultades de acceso a apoyo financiero para sustentar sus candidaturas.
- La responsabilidad exclusiva de las mujeres en el cuidado del hogar y la crianza de los hijos y las hijas, que dificulta la conciliación entre roles reproductivo, laboral, la participación social y la militancia política.
El texto señala que como resultado de las barreras indicadas, el balance de participación femenina en los espacios de toma de decisiones es desfavorable para las mujeres en los siguientes aspectos:
- En términos de cantidad de mujeres en cargos ministeriales, la República Dominicana cuenta con cuatro ministras (18%) del total de 22 ministerios existentes, colocándose en el penúltimo rango entre los países con menor número de mujeres en la dirección de ministerios del Estado.
- En la Cámara de Diputados el país cuenta sólo con 39 diputadas de un total de 190 diputaciones (20%). En el Senado tiene sólo cuatro senadoras, de un total de 32 senadurías.
- A nivel de gobiernos locales, existen en la actualidad 15 síndicas (10%) de 155 sindicaturas. El país cuenta con 382 regidoras (33%) de un total de 1,149 regidurías.
- En los máximos tribunales de justicia del país, las mujeres representan sólo el 29.4% del total de jueces existentes, lo que evidencia la sub-representación de las mujeres en un espacio adicional de la vida política nacional no sujeto a elección vía voto ciudadano.
“Los niveles de sub-representación femenina a más de 15 años de promulgada la primera ley de cuotas en el país muestran que esta no se cumple ni siquiera en su mínimo esperado del 33%. Pone en evidencia adicionalmente la falta de voluntad de los sectores políticos para definir normativas complementarias o compensatorias realmente efectivas, indica el documento.
En este sentido, plantea la conveniencia de la aprobación de una Ley de Partidos Políticos que contenga regulaciones claras y efectivas que promuevan la participación política equitativa de las mujeres a lo interno de los partidos políticos.
Autonomía económica
El documento “Mujer y Participacion Ciudadana en RD. Logros, desafíos y apuestas” del CEG-INTEC refiere que las estadísticas recientes indican que la tasa de pobreza femenina es 28% más alta que la masculina, y que las mujeres presentan la mayor tasa de desempleo del total de la población económicamente activa a nivel nacional (23.1% al 2014) lo que las coloca muy por encima de la tasa de desempleo masculina (8.7%).
En el 2013, un 32.9% de las mujeres trabajaba en el mercado informal. Según establece el análisis del CEG-INTEC, la informalidad del empleo tiene como consecuencia la desprotección de las mujeres en aspectos como la seguridad social, así como en la ausencia de derechos laborales como vacaciones pagadas, regalías, prestación de maternidad, liquidación por despido y contrato laboral.
En este sentido, el CEG-INTEC propone la inclusión en el nuevo Código de Trabajo de las propuestas paritarias de género realizadas por la Mesa Intersectorial de organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales del área de la mujer, relacionadas con trabajo doméstico, conciliación de responsabilidades y obligaciones familiares e igualdad de género y no discriminación en el trabajo.
Autonomía física
Sobre este aspecto, el documento señala que la violencia de género, en sus múltiples manifestaciones, se mantiene como una problemática de dimensión epidémica en el país. Datos del Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) del año 2013 indican que un 26% de las mujeres entre 15 y 49 años sufrió violencia física en algún momento de su vida y en el 7% de los casos la experimentó durante el embarazo. También, que una de cada diez mujeres dominicanas ha sido víctima de violencia sexual
Se afirma que el embarazo adolescente constituye otra grave problemática en el país. De Acuerdo a la ENDESA 2013, para ese año una de cada cinco mujeres de 15-19 años ya había tenido hijos/as o había estado embarazada, mientras la cobertura en educación sexual integral es mínima.
El CEG-INTEC destaca como un logro nacional la promulgación (diciembre de 2014) de la Ley 550-14 sobre el Código Penal en lo que respecta a la despenalización del aborto terapéutico, ante embarazos resultado una violación sexual, ante peligro de la vida de la madre o cuando el embrión presenta malformaciones incompatibles con la vida. Sin embargo, advierte que queda pendiente la redacción de las regulaciones específicas al respecto en la legislatura de 2015.