Ocho países iberoamericanos, entre ellos República Dominicana, suscribieron este miércoles un convenio para facilitar la movilidad entre sus territorios de investigadores, empresarios, emprendedores y estudiantes de prácticas con el fin de promover el intercambio de conocimiento y la creación científica e intelectual.
Los firmantes son España, Portugal, República Dominicana, Brasil, Colombia, Nicaragua, Panamá y Guatemala, cuyos cancilleres rubricaron el texto poco antes del comienzo de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Andorra, que se celebra en la localidad de montaña de Soldeu.
El convenio marco tiene como meta impulsar «la innovación y aprovechar las capacidades creativas, científicas y tecnológicas», así como promover «el crecimiento económico y el desarrollo sostenible».
«La circulación del talento dentro del espacio iberoamericano favorecerá la transferencia del conocimiento, la creación científica e intelectual y la innovación», añade el texto.
La idea del convenio surgió en la cumbre de Veracruz (México) de 2014, en la que los mandatarios encargaron a la Secretaría General Iberoamericana (Segib) estudiar su viabilidad.
Después de años de trabajo, el convenio ha visto la luz, si bien los firmantes deberán aún negociar los acuerdos para su desarrollo en una conferencia que aún no tiene fecha, además de ratificarlo en sus respectivos parlamentos.
Hasta finales de 2022, el texto está abierto a aquellos países iberoamericanos que se quieran sumar.
Entre los profesionales que se pueden beneficiar de este espacio común están los estudiantes que hayan obtenido un grado, diploma o título de enseñanza superior y que se trasladen para hacer prácticas.
También directivos o personal cualificado que entablen un contrato de trabajo con una empresa, así como personas de negocios emprendedores que tengan planes de hacer «una inversión significativa o un proyecto empresarial relevante o innovador desde el punto de vista de su impacto socioeconómico, científico o tecnológico».
Las personas que se acojan al estarán sujetas a la legislación de cada país en materia fiscal, laboral, migratoria y sanitaria.
El texto, que no entra a regular el reconocimiento de títulos educativos, establece la creación del Comité de Cooperación Administrativa, cuya misión será proporcionar información sobre los requisitos para poder moverse por los países firmantes.