A inicios del 2020, luego de ser declarado el primer Estado de Emergencia debido a la crisis provocada por el Covid-19, el Poder Judicial se vio en la necesidad de estructurar un protocolo para la continuidad del servicio judicial, que finalmente termin\u00f3 en la Resoluci\u00f3n 007-2020, documento en el que se ha amparado la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial para implementar las audiencias virtuales y desarrollar herramientas TIC en su atenci\u00f3n a los usuarios. Luego de una acci\u00f3n directa en inconstitucionalidad contra esta resoluci\u00f3n 007-2020 del Consejo de Poder Judicial, el Tribunal Constitucional mediante sentencia TC\/286\/21 considero\u00ec necesaria la existencia de una legislaci\u00f3n, procedente del \u00f3rgano competente, que regule la existencia y el uso de medios digitales en los tribunales del Poder Judicial y otorgo\u00ec un plazo de tres meses, contados a partir de la publicaci\u00f3n \u00edntegra de la mencionada sentencia, siendo el pr\u00f3ximo 14 de diciembre del a\u00f1o en curso la fecha en la que entra en vigencia esta disposici\u00f3n, con el objetivo de que exista un marco legal adecuado. <\/p>\n
Cumpliendo con el mandato de la sentencia TC\/286\/21, el pasado 12 de octubre, la Suprema Corte de Justicia haciendo uso de su facultad legislativa, deposit\u00f3 el proyecto de Ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial. Esta iniciativa del Poder Judicial busca m\u00e1s que simplemente regular las audiencias virtuales, tiene como fin establecer los lineamientos que permitan el uso de los medios digitales en el sistema judicial, incorporando principios de celeridad, opcionalidad y estandarizaci\u00f3n de los servicios brindados por el Poder Judicial. <\/p>\n
Cuando hacemos \u00e9nfasis en que el proyecto va m\u00e1s all\u00e1 de las audiencias virtuales, es una realidad, esta pieza legislativa procura establecer un procedimiento institucionalizado para que los usuarios de servicios judiciales puedan de manera virtual, realizar solicitudes, someter asuntos y dar acceso a toda la informaci\u00f3n relacionada con procesos, procedimientos, sentencias p\u00fablicas, roles de audiencias y todo tipo de documentos que tengan car\u00e1cter p\u00fablico. <\/p>\n
El proyecto de Ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial establece un conjunto de herramientas que facilitan los tr\u00e1mites judiciales, adem\u00e1s de que, en lo concerniente a las audiencias virtuales, en ninguna parte del proyecto se establece la obligatoriedad de esta modalidad digital de foro judicial, estableciendo que, para la materializaci\u00f3n de estas, todas las partes deben manifestar su voluntad. <\/p>\n
Esta normativa llegar\u00e1 al ordenamiento jur\u00eddico dominicano y espec\u00edficamente al sistema judicial para proporcionar accesibilidad a personas con capacidades especiales; disminuir los costos para todos los actores involucrados entre los que se incluyen los abogados; su impacto ambientalmente sostenible con la reducci\u00f3n de traslados a tribunales; y, la eficientizaci\u00f3n del capital humano a lo interno del Poder Judicial. A la vez, es un paso de avance en cuanto a institucionalidad se refiere, estableciendo mecanismos de trazabilidad y garantes de transparencia en el marco del ejercicio judicial. <\/p>\n
Como j\u00f3venes empresarios entendemos la importancia que tiene la digitalizaci\u00f3n para la transformaci\u00f3n no solo del Poder Judicial sino de todo el Estado. Reconocemos que la transparencia, trazabilidad y acceso que brindan los medios digitales es garant\u00eda del fortalecimiento institucional y en consecuencia aporta a la estabilidad del clima de negocios y el ecosistema empresarial dominicano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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